El impacto de la emergencia de salud pública a causa del COVID-19 para las familias que se encuentran involucradas con el sistema de bienestar infantil

Mientras que la emergencia de salud pública a raíz del COVID-19 ha afectado a todas las familias, su impacto en las familias que se encuentran involucradas con el sistema de bienestar infantil no tiene precedentes. Estas fami- lias han enfrentado grandes traumas, comenzando con las suspensiones de las visitas en persona, así como las barreras a la reunificación que se les han impuesto.

Tiempo en familia

En marzo de 2020, la oficina del Departamento de Niños y Familias de Nueva Jersey (DCF, por sus siglas en inglés) suspendió todas las visitas en persona entre los padres e hijos que se encuentran en cuidado tutelar, una moratoria que se mantuvo en vigor hasta el 8 de julio de 2020. Si bien la intención del DCF es proteger la salud de los niños, los padres, las familias, las familias auxiliares, al igual que la salud del personal de la Agencia para la Protección y Permanencia del menor (DCPP) y del proveedor de los servicios, la suspensión de las visitas en persona ha causado traumas injustificables en los niños y familias y han atrasado el proceso de reunificación. Además, teniendo en cuenta que Nueva Jersey tiene una significativa sobre-representación de niños afrodescendientes en el sistema de cuidado titular, la suspensión afectó en una forma desproporcionada a las familias y comunidades afrodescendientes.

Los padres trataban de pasar tiempo con sus hijos a través de plataformas virtuales como FaceTime y Zoom, pero las visitas virtuales exigen que los padres tengan acceso a un teléfono inteligente, un ordenador u otra forma de tecnología, así como una conexión WiFi estable. La mayoría de las familias que están involucradas con el sistema de bienestar infantil vive en la pobreza, y aquellas sin acceso a la tecnología pa- saron meses sin ver a sus hijos. Una visita virtual es especialmente difícil para los padres de niños pequeños ya que ellos no entienden por qué están viendo a sus padres a través de una pantalla, o se les dificulta prestar atención durante más de unos pocos minutos. El DCF permitió que las visitas en persona se reanudaran en julio de 2020, pero no concedió más tiempo para compensar a las familias por la pérdida.

El acceso a los servicios

La emergencia sanitaria también ha limitado el acceso de estas familias a servicios asignados por el tribunal como la terapia y clases para la crianza de los hijos. Estos servicios se han trasladado a las plataformas virtuales y, como resultado, los padres sin acceso a tecnología o WiFi estable se han encontrado con retos adicionales para poder participar. Cuando los padres no pueden acceder a los servicios incluidos en su caso, los planes para la reunificación se retrasan.

Una carta emitida en abril de 2020 por la Administración para Niños, Jóvenes y Familias permite en virtud del Título IV-B y/o el Programa de crianza temporal John H Chafee la compra de teléfonos móviles para que los niños, los padres y los padres de crianza tengan una transición exitosa a la edad adulta, si dicho acceso contribuye a facilitar la participación en el programa de servicios y gestión de casos. Los padres deben poder obtener esa tecnología si esta es necesaria para acceder a servicios y completar sus planes de caso.

Otras barreras relacionadas con la pobreza

Además de los retos específicos del sistema de bienestar infantil, muchas familias se enfrentan a un aumento en la pobreza como resultado de la pandemia y corren el riesgo de que se les lleven a sus hijos por razones de pobreza, las cuales son catalogadas en error como descuido. Por ejemplo, la carencia de vivienda y la inestabilidad residencial, a menudo resultan en que se lleven a los menores, incluso si los padres no estaban perjudicando ni descuidando a sus hijos.

Otro reto al que se enfrentan las familias que viven en la pobreza es la dificultad de acceso a los programas de bienestar social. Debido a la pérdida de trabajo, durante la emergencia sanitaria, muchas familias se han visto obligadas a depender de estos programas como su principal fuente de ingresos. Desde marzo de 2020, se han cerrado oficinas de bienestar social y carecen de personal, lo que hace difícil a las familias solicitar ayuda a los programas que necesitan para pagar el alquiler, comprar comida, y suplir  las necesidades diarias de sus familias. Las barreras para acceder a los programas de bienestar social han llevado al traslado de menores y retraso de la reunificación con el menor para las familias involucradas con el bienestar familiar. Además, es más probable que en las familias que viven en condiciones de pobreza y las familias de color haya miembros que son trabajadores esenciales, lo cual ha aumentado los riesgos de exposición al COVID-19.

¿Cuáles son mis derechos?

Antes de presentar una demanda para la suspensión de la patria potestad, al DCPP se le exige hacer “esfuerzos razonables” para reunificar a los menores con sus padres. El DCPP debe ayudarle a acceder a los servicios pertinentes al plan de su caso, abordar los factores que dieron lugar a la separación y superar las barreras adicionales resultantes de la emergencia de salud pública a raíz del COVID-19. Dependiendo de su situación, esto podría significar que la DCPP tendrá que ayudarle a conseguir un tratamiento psicológico o contra la drogadicción, encontrar una vivienda estable, o solicitar ayuda a los programas del bienestar social. Si tiene preguntas o preocupaciones acerca de los derechos que tiene en un caso sobre el bienestar infantil, póngase en contacto con el Proyecto de LSNJ para la Representación de los Padres de Familia, completando nuestra solicitud en línea o puede llamar al 1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529).

Esta información se actualizó el: May 21, 2021